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Vesna Marinkovic U.

Velázquez remarca que Bolivia requiere una nueva política energética para implementar una nueva política hidrocarburífera y otra de electricidad, a partir de un acceso adecuado a la información.

1En la Bolivia actual, ¿cuál la disponibilidad de información sobre el desempeño del sector energético?

A partir de un reciente estudio que realizamos en Fundación Jubileo, el sector energético a nivel agregado (sectores de hidrocarburos y electricidad) presenta un nivel muy bajo de acceso a información, apenas el 21.5% de la información es publicada de forma completa y el 11.2% se publica de forma parcial; siendo que el 62.6% de la información no es publicada y el restante 4.7% es información directamente inexistente.

Estos resultados se explican por una mayor opacidad en la información del sector hidrocarburos que contrasta con datos mucho más accesibles en el sector de electricidad. Por otra parte, la falta de acceso a información oportuna y confiable resulta de alta preocupación debido a que el país requiere avanzar con urgencia en una nueva política energética, de la cual se desprendan una nueva política de hidrocarburos y otra de electricidad; sin embargo, el acceso a información debería ser condición básica para cualquier debate sobre estas políticas, de lo contrario el país corre el riesgo de que las reformas que se pretenda realizar con estas políticas se posterguen o que simplemente no sean viables política o socialmente por la falta de consensos.

2A nivel de los hidrocarburos, ¿cuál el escenario informativo?

En el sector energético, el de hidrocarburos resulta ser en el que mayor opacidad existe. Si nos enfocamos en las actividades del Upstream, apenas el 4.8% de la información que debería ser pública está disponible para la población en general, un 28.6% se publica parcialmente, pero un 61.9% no es publicada a pesar de que existe y el restante 4.8% es información que no se genera. En el caso del Downstream la situación es aún peor, apenas el 1.7% de la información que debería ser accesible para el público en general se publica, existe un 88.1% de información que, a pesar de que existe no es publicada por las autoridades del sector.

Es importante subrayar que, en el caso del Upstream existía información que se publicaba con cierta regularidad y oportunidad hasta el año 2015; sin embargo, producto de la caída en la producción de hidrocarburos, precios y consecuente disminución de la renta petrolera, las autoridades a cargo del sector hidrocarburos optaron por ocultar información y la empresa petrolera estatal dejó de publicar sus boletines estadísticos trimestrales, boletines semestrales y anuales e instruyó a YPFB Transportes dejar de publicar en su página web los volúmenes de gas natural entregados por mercado destino que hasta esa fecha eran diarios.

Asimismo, en el caso del sector hidrocarburos desde agosto de 2007 que está vigente la Ley Nº3740 que en su artículo 6 obliga que YPFB publique semestralmente en su Página Web información sobre: costos recuperables, producción, costos de transporte y compresión, pagos por regalía departamental, pagos por regalía nacional compensatoria, pagos por participación del Tesoro General de la Nación, pagos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos, índice B, participación del Titular y participación de YPFB en las ganancias a distribuir de los Contratos de Operación. Dicha norma fue cumplida solo parcialmente por YPFB hasta el año 2021, desde entonces existe una total opacidad sobre esta información.

3Si hay escasez de gas, y seguimos subvencionando los combustibles, ¿es posible una situación inflacionaria en el país?

El combustible más caro es el que uno no tiene. La política hidrocarburífera boliviana no ha dado los resultados que se esperaban en términos de sostenibilidad de largo plazo, clara muestra es la caída en la producción de hidrocarburos, pérdida de mercados para el gas natural boliviano, con su consecuente impacto en menores ingresos por divisas para el país y una abrupta caída de la renta petrolera desde el año 2015 impactando a gobernaciones, municipios, universidades, renta dignidad, fondo indígena y demás beneficiarios de la renta.

De seguir con la política vigente, a finales de esta década el país va a necesitar importar una parte del gas natural que demanda el mercado interno además de incrementar la importación de gasolina y diésel. En los dos últimos casos existe una política de subvención que obliga al Estado a comprar estos energéticos a precio internacional y venderlos a casi una tercera parte de su valor en el mercado interno, la diferencia la pagamos todos, lo que representa un alto costo en términos de eficiencia energética pero también en términos de salud, educación y otros costos de oportunidad.

“La apuesta estatal por la explotación del Litio es reflejo de una política rentista y extractivista…”

Sin duda que la política de subvención ciega que está vigente en Bolivia desde hace 20 años, ha distorsionado el mercado de precios, al país el año 2022 le ha costado 1.700 millones de dólares (que fueron destinados a la subvención) el mantener los precios bajos de bienes y servicios, lo cierto es que es una política insostenible incluso en el corto plazo, se debe buscar mecanismos para que su refocalización en la población que realmente lo necesita genere los menores impactos posibles, pero lo cierto es que habrán impactos en los precios.

4Considera que la apuesta por satisfacer la demanda interna de carburantes en Bolivia es parte de una planificación o solamente responde a un plan electoralista?

Satisfacer la demanda interna de carburantes en cualquier país es una política de Estado y una necesidad fundamental para cualquier sociedad. Sin embargo, en el caso boliviano el otorgar una subvención ciega al precio de los carburantes ha tenido fines políticos y no económicos, el retirar esta política sin duda que resulta impopular para cualquier político, pero es importante comprender que ya no queda tiempo para seguirla sosteniendo, por ello se debería iniciar un ambicioso proyecto de socialización de problemas y causas con organizaciones sociales y de la sociedad civil, así como la construcción de alternativas de solución.

5La falta de transparencia en la información sobre el sector hidrocarburífero, hace mediocre el debate público al respecto?

Lamentablemente sin información la población no puede debatir y, en muchos casos, se ve tentada a especular; es decir, sin acceso a información perdemos todos, es algo que no le conviene a nadie, ni siquiera a los políticos de turno porque lo que suele ocurrir es que la gente, ante la falta de información, desconfía, especula y acusa de corrupción a las autoridades a cargo del sector, una clara muestra son los costos recuperables al igual que los costos de importación de combustible.

…la política de subvención ciega que está vigente en Bolivia desde hace 20 años, ha distorsionado el mercado de precios…”

Si queremos encaminar al país hacia una política de transición energética justa y sostenible, de la cual se desprendan nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad, el acceso a información es fundamental.

6 Cuál el estado de situación de la información en el sector eléctrico Boliviano?

En el caso del sector eléctrico boliviano la situación es sustancialmente mejor que la de hidrocarburos, se publica de manera completa el 86.4% de la información que debería ser pública, mucha de ésta se encuentra disponible en línea e incluso en tiempo real, es actualizada de forma oportuna y puede descargada en formato de datos abiertos, facilitando tanto el control social como el análisis sectorial. Es importante resaltar que, en el caso del sector eléctrico, la información cumple con los criterios de ser: cierta, completa, oportuna, comprensible, clara, ordenada y accesible.

7 Podemos hablar en Bolivia de sostenibilidad energética?

Hoy Bolivia está cosechando los resultados de una mala política hidrocarburífera que descuidó la sostenibilidad en el largo plazo, el país ha perdido participación de mercado tanto en Brasil como Argentina y, si la situación continúa como va sin descubrimientos exploratorios de magnitud, existe el riesgo de que el país tenga que empezar a importar gas natural hacia finales de esta década.

Desde la perspectiva de la política de electricidad, si bien los resultados no son tan negativos como en el de hidrocarburos, lo cierto es que durante los últimos 23 años se ha generado una excesiva dependencia a la generación eléctrica a partir del gas natural, con un avance muy lento en el desarrollo de fuentes hidroeléctricas, que deberían ser de mediana y pequeña escala; no obstante, ha existido un avance positivo en materia de fuentes renovables no convencionales como la solar y eólica.

En este sentido, la sostenibilidad energé- tica del país en el mediano y largo plazo se encuentra comprometida y en riesgo, por ello es necesario que se realicen ajustes estructurales en la política energética, eléctrica e hidrocarburífera.

8 Existe un control social sobre las actividades extractivas de recursos naturales en Bolivia?

Existe cierto ejercicio del control social por parte de Organizaciones de Sociedad Civil, principalmente mediante ONG’s y Fundaciones, asimismo existen analistas sectoriales y centros académicos que realizan un seguimiento al sector hidrocarburos. Por otra parte están instrumentos.

Por otra parte, las instancias públicas del sector realizan Rendiciones Públicas de Cuentas como lo establece la normativa vigente; sin embargo, en los últimos 12 años este mecanismo ha sido distorsionado con fines políticos, toda vez que, quienes asisten a estos procesos suelen ser organizaciones afines políticamente a la autoridad de turno y tienen un conocimiento muy bajo a nivel sectorial como para poder cuestionar e interpelar a las autoridades de turno y limitando de esta manera un verdadero ejercicio del control social.

9 La extracción del agua para la actividad minera como la del litio, ¿marca un nuevo modelo extractivista en Bolivia?

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La apuesta estatal por la explotación del Litio es reflejo de una política rentista y extractivista que ha estado presente en Bolivia desde su fundación como país, al ver el declive del sector hidrocarburos (por una mala política sectorial y no por el agotamiento del recurso) el gobierno y la sociedad en su conjunto tiende a buscar otro recurso natural no renovable que lo pueda remplazar los ingresos fiscales que generaba. El debate del litio termina focalizado en captura de renta y rol del Estado en su explotación, descuidando aspectos institucionales, de mercado, contractuales y otros que deberían ser abordados con una mirada de sostenibilidad en el largo plazo.