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Vesna Marinkovic U.

La senadora destaca que varios de los planes de manejo, aprobados por el SERGEOMIN, describen procesos de perforación con uso de dinamita, uso de mercurio y movimiento de maquinaria en cabeceras de cuenca y en áreas próximas a glaciares…

1Existe la posibilidad de que la actual ley minera permita excesos, a título de defender los derechos de los mineros cooperativizados?

La Ley Minera N°535, por sí misma, ya es violatoria, no sólo de derechos humanos, sino también de otras disposiciones de la CPE. Las NNUU reconocen el derecho a un ambiente sano como un derecho humano. El artículo 33 de la Constitución establece lo propio, entre muchos otros artículos que establecen a los recursos hídricos como estratégicos para el país, la Amazonia como un espacio a ser protegido, así como la obligación de respetar las áreas protegidas, entendidas como patrimonio común así como la obligatoriedad de la consulta previa según estándares internacionales. Son apenas unos ejemplos de los derechos y deberes que son atropellados por la ley minera 535, aprobada en el gobierno de Evo Morales, en 2014.

La ley minera desnaturaliza y viola disposiciones relativas a la protección del agua y al acceso al agua, como un derecho fundamentalísimo. Por supuesto, que esos derechos y deberes implican acceso, y por tanto disponibilidad suficiente, permanente y estable, pero también agua limpia, no agua que te envenena, que te enferma por estar contaminada con metales pesados derivados de la minería, entre otros.

Ocurre lo propio con respecto a los derechos de los indígenas a la consulta previa, libre e informada. La ley la reduce a un mero trámite administrativo que, en caso de no lograr un resultado a favor de los mineros, se puede de todos modos imponer a través de las instancias del Estado, como el Ministerio de Minería. Hasta ese punto ha llegado esta ley: a desnaturalizar un derecho constitucional de pueblos indígenas, que además está refrendado por un convenio, el convenio de la OIT.

Son dos ejemplos de ámbitos fundamentales de derechos y de legalidad que son incumplidos por esta ley. Por eso es que se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.

“…el cooperativismo minero ha sido muy pragmático para cuidar sus intereses económicos privilegiados. Se ha constituido en base social del poder de turno.”

2Si así fuera, ¿es posible que tam bién las personas con cargos públicos, inhabilitadas por ley de participar en concesiones mineras, puedan beneficiarse por interpósitas personas, de concesiones y/o avasallamientos?

Claro que es posible precisamente por la falta de transparencia y acceso a la información con respecto a la información de las cooperativas mineras, tanto en su composición como en los derechos mineros que están tramitando o que les han sido otorgados, o bien en cooperativas que hubieran sido encontradas cometiendo delitos. Esa información clave no es accesible, ni siquiera para legisladores que tienen como derecho y deber la fiscalización. Entonces es muy fácil utilizar y ocultar ‘palos blancos’ para beneficiar autoridades que son juez y parte, que podrían estar involucradas en autorizaciones, u otras determinaciones, en cualquiera de las etapas de la autorización, seguimiento, control o sanción de derechos mineros por incumplimiento de normas.

3Considera que las movilizaciones de los mineros auríferos están digitadas más por intereses económicos que políticos y que ellos no son más que la punta del iceberg?

Definitivamente los intereses que orientan a este sector son marcadamente económicos y muy grandes. El negocio ha llegado a 3 mil millones de dólares el año pasado, dejando más o menos 60 millones de dólares al erario público a través de ridículas regalías que llegan más o menos al 2%, incumpliendo aún la mínima regalía por ley minera, que es la del 2,5% para yacimientos marginales y artesanales. Los grandes emprendimientos no artesanales y en yacimientos muy rentables deberían pagar más, según la ley. Pero prácticamente quienes pagan, cuando pagan (porque una buena parte sale de contrabando sin aportar absolutamente nada), se ocultan en el aporte mínimo, pese a tratarse, en muchos casos, de negocios con ganancias millonarias.

Por tanto, no están aportando nada significativo al bien común, pese a estar explotando un recurso natural NO renovable de gran valor. Además, están generando devastación de costos incalculables, irreversibles, como los de la destrucción acelerada de la Amazonía, con todas sus implicaciones desastrosas sobre las lluvias de casi todo el país, o la destrucción de oportunidades económicas sostenibles, como el ecoturismo o la economía del bosque en pie que nos darían mucho más recursos y empleo sostenibles.

De hecho, el cooperativismo minero ha sido muy pragmático para cuidar sus intereses económicos privilegiados. Se ha constituido en base social del poder de turno. En su momento, del gobierno de Evo Morales, quien les ha regalado una ley llena de privilegios para ellos que nadie más tiene en este país, pese a que además se les da derecho sobre un recurso natural no renovable del mayor valor que, además, es propiedad de todos los bolivianos y bolivianas, según la Constitución y que buena falta que hace, por ejemplo, en las arcas del Banco Central para la estabilidad económica. Les han dado todo esto a unas mal llamadas “cooperativas” que, por lo que se ve, en medio de la falta crónica de información, no funcionan como cooperativas. Es un paraguas que esconden explotación laboral de peones que no deberían existir en un sistema cooperativo o alianzas ilegales con capitales extranjeros de dudosa proveniencia.

Y así como en su momento Evo Morales les dio estos beneficios, también es evidente que este sector logró funcionar durante el gobierno de Añez. Fue un año de expansión de la minería en la cuenca amazónica y en áreas protegidas. De hecho, dirigentes de este sector fueron también autoridades del gobierno de Añez y obtuvieron permisos especiales (CCU) en áreas protegidas, revertidos después gracias a la presión social. Ahora funcionan como una especie de base social del gobierno de Arce que presiona por más beneficios. No dudo que pueda funcionar también como grupos de presión y de choque coordinados con la otra ala del MAS, pero siempre en términos de proximidad. No son un sector opositor al gobierno de ningún modo. Siempre hay una alianza que es cobrada carísima, no solo al gobierno sino, y esto es lo peor, al país entero.

4Usted ha señalado que los mineros auríferos, que amenazan con bloquear las carreteras si no son escuchados, exigen en el fondo más tierras, más facilidades, más puestos públicos y demandan la amazonia para explotarla, ¿podemos tener más detalles al respecto?

Los mineros están exigiendo muchos más derechos mineros. La mayor parte de los derechos mineros que ahora exigen se ubican en la cuenca amazónica y si bien hoy (viernes 10 de noviembre) han retrocedido con respecto a su exigencia, verificada en dos de sus puntos previos y sobre las áreas protegidas, están retrocediendo en eso, no están retrocediendo los derechos mineros en todo lo que es la cuenca amazónica. Hay que entender la cuenca amazónica en sentido amplio. Buena parte, por ejemplo, de la minería en las faldas de muchos de los nevados están del lado de Los Yungas y son parte de la cuenca amazónica. Entonces, es un amplio espectro y esa es la expectativa de los mineros. Quieren, además, un impuesto plano que oculta millonarias ganancias junto con emprendimientos más bien precarios de minería y quieren la aprobación de contratos mineros que no cumplen con toda la legalidad que exige la normativa. Entonces, son todos elementos de, digamos, concesiones adicionales o sesiones adicionales indebidas muy dañinas para el bien común. También están pidiendo que si van a usar menos mercurio o hacer cosas menos dañinas, que el Estado los ayude, que el Estado los financie. En otros países como Perú, las cooperativas están obligadas a tener un ingeniero ambiental y ser ellas mismas las que resuelvan ese problema. No es posible que se les dé un derecho minero a aprovechar un recurso natural no renovable tan valioso; que se les dé exenciones de impuestos de importación de maquinaria; que se les permita tener diésel subvencionado, incluso cuando no son legales los derechos mineros, en fin, todo eso. Y ahora, encima, ¿hay que financiarles y ayudarles porque de lo contrario ellos no tienen la capacidad de cumplir con las normas ambientales? Tampoco cumplen con las laborales.

5Usted también ha señalado que los contratos mineros existentes con las cooperativas mineras violan, sin excepción, la Constitución y leyes, asegurando que todos esos contratos de derechos mineros están en cuerpos de agua, ¿un ejemplo por favor?

Quieren imponer la aprobación de unos contratos que tienen serios problemas de legalidad, como hemos podido demostrar con un informe técnico de la Comisión de Medio Ambiente, realizado con mucha seriedad.

En el contexto y análisis del PL N°236/2022-2023 (tratado entre julio y agosto de 2023) que pretendía aprobar 23 contratos mineros, establecimos que el 100% de los 23 contratos mineros están en ÁREAS DE EXCEPCIÓN, la norma indica que en áreas de excepción: “No se podrán realizar actividades mineras” de acuerdo al art. 93 de la Ley N° 535 que indica que no puede realizarse actividad minera:

Exclusión Art. 93 Ley N° 535

a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas y privadas.

b) En la proximidad de carreteras, canales ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones hasta cien (100) metros.

c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.

“…estamos muriendo por la forma mayormente ilegal, descontrolada, contaminante, violenta y saqueadora en que se está ampliando la frontera minera en Bolivia

Algunas de las observaciones que realizamos fueron que:

• Varios de los planes de manejo, aprobados por el SERGEOMIN, de estos contratos describen procesos de perforación con uso de dinamita, uso de mercurio y movimiento de maquinaria en cabeceras de cuenca y en áreas próximas a glaciares.

• Varias de estas áreas mineras se encuentran próximas a comunidades, potencialmente en medio de sembradíos y espacios de pastoreo.

• Viabilizar actividad minera en estas áreas sería un incumplimiento del ordenamiento jurídico ambiental, del ordenamiento de prevención y gestión de riesgos del Estado Plurinacional y un atentado contra la disponibilidad de agua para el Departamento de La Paz.

• Otorgar derechos mineros en áreas dónde no había actividad minera, particularmente en cuencas, sin antes sin tener un plan de protección a la biodiversidad, compromete los objetivos de conservación de especies del país y las funciones ecosistémicas que las cuencas brindan.

Además, el artículo 93, parágrafo III, inciso c), de la Ley N°535, indica que estas operaciones mineras deben contar con un “Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial”. Sin embargo, en reunión que sostuvimos el lunes 5 de junio de 2023 entre servidores públicos de la AJAM y miembros de la Comisión de Tierra y Territorio, funcionarios de AJAM nos informaron que no hay ningún lineamiento que indique cómo los “Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial deben realizarse o cuándo estos deben presentarse.

En todo caso, ninguno de los contratos presentados contaban con dicho estudio y, por tanto, ninguno cumplía con la normativa vigente; ni siquiera la propia ley minera.

6 Si la ley minera no regula en la práctica la gestión de la minería en Bolivia, ¿quién está regulando esta actividad?

En términos formales, es decir legales: El Ministerio de Medio Ambiente, en general, y en áreas protegidas, a través del SERNAP. En términos mineros, la AJAM, y de manera general, el Ministerio de Minería. También hay otras entidades como SERGEOMIN que contribuyen técnicamente al proceso de derechos mineros.

Pero el Ministerio de Minería suele desconocer su responsabilidad de precautelar el cumplimiento de normas ambientales en la minería que se encuentra en el Artículo 222 de la Ley 535. No suele explicar las razones y han negado responsabilidad en el Proceso de Acción Popular por el Madidi (2022), la demanda cautelar agroambiental por el Madidi (2023) y la Acción Popular por el Río Pilcomayo (2023).

Y, además, toda la formalidad constitucional y legal está completamente su perada por la ilegalidad, y la ilegalidad no está siendo controlada por instancias que deberían hacerlo, como por ejemplo el Ministerio Gobierno a través de la Policía y el Ministerio de Defensa a través de la Naval, porque son lugares rurales de Bolivia donde hay muy poca presencia policial. Hay más presencia militar. Por ejemplo, hay regimiento en Apolo y puesto de la Naval en San Buenaventura, como en esta región, así ocurre en otras regiones predominantemente rurales del país. Sin embargo, no se hace el debido control en ninguna parte del país.

7 Es necesaria otra ley para el sector? ¿Es posible regular, en la práctica, la minería en Bolivia?

Hay que elaborar una ley distinta para el sector. Es una discusión de fondo, pero este no es el mejor momento y hay que tenerlo claro.

Necesitamos establecer cuál es el interés general, cuál es el interés nacional y a partir de ahí, generar un sector minero que realmente aporte al país lejos de lo que está ocurriendo ahora, que es un sector minero que está destruyendo las bases vitales del país y sus equilibrios ecológicos, así que sí, se necesita tener otra perspectiva de las cosas que no es una perspectiva clientelar de beneficio con privilegios a sectores que son la base social del partido gobernante. Actualmente, no estamos viviendo de la minería, como se dice comúnmente. Más bien, estamos muriendo por la forma mayormente ilegal, descontrolada, contaminante, violenta y saqueadora en que se está ampliando la frontera minera en Bolivia.

8 Considera que hay la urgencia de un debate público sobre la gestión minera en Bolivia y sus consecuencias en el plano económico y medio ambiental?

No solo es urgente, es indispensable. Le debemos eso a las presentes y futuras generaciones.

La minería no puede seguir como está, destruyendo todos los otros sectores y elementos esenciales para la vida, como las fuentes de agua. Y nos está destruyendo oportunidades económicas como el ecoturismo o como la economía del bosque en pie o servicios y funciones ambientales. Por tanto, efectivamente necesitamos un amplio debate.

No es fácil porque es un sector que no va a soltar sus beneficios y privilegios sin dar batallas furas, pero eso es lo que debemos hacer como sociedad. Hay que ser capaces de plantear y poner en práctica alternativas de ingreso y empleo dignos y sostenibles, capaces de ayudarnos a afrontar con resiliencia los desafíos adicionales del siglo XXI, como el Cambio Climático, la pérdida de bosques, biodiversidad, los desequilibrios hídricos, entre otros.