Una de las disposiciones finales ha sido rechazada por todos los sectores productivos del país, porque la producción y la oferta de productos "no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones"


Casi en simultáneo al pronunciamiento de la Cainco, que este miércoles expresó su preocupación ante el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 -señala que acentuará más la crisis institucional y financiera que vive el país-, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, volvió a defender las disposiciones previstas en el documento, en el sentido de que combatirán el agio y la especulación en los precios de los productos de la canasta familiar.

 
“Ha sido el resultado del pedido que ha recibido el presidente (Arce) en varias regiones, que se haga un control a la especulación ¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del gobierno que, tanto arroz, huevo, carne salen de las fronteras, porque hay una demanda alimenticia en toda la región? ¿Qué vamos a hacer, como país, para hacer este tipo de medidas de control? Y justamente se requiere una normativa con rango de ley”, aseveró Montenegro, al ser consultado por los medios de comunicación.

 
El proyecto del PGE 2025, que desde este miércoles será debatido en la Asamblea Legislativa, en su disposición adicional séptima “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

 
Este artículo ha sido rechazado por todos los sectores productivos del país, porque la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones, como manifestó la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en pasados días. 

 
“Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos”, expresó la entidad en un pronunciamiento.

 
Sin embargo, el ministro de Economía señaló que el pedido de insertar un artículo “de esta naturaleza” no es para estigmatizar a los productores, porque los productores se dedican a producir.

 
“Los intermediarios, los buenos intermediarios, cuidan la industria, no están en ese afán de hacer actos de especulación, de ocultar, de hacer agio, sino son algunos intermediarios, incluso que aparecen esporádicamente para beneficiarse, porque no tienen un cariño ni un apego a la industria. Entonces hemos explicado esto el día de ayer con el Directorio de CAO y obviamente ellos han hecho sus propias argumentaciones”, manifestó Montenegro.

 
Agregó que ofrecieron a los productores que la reglamentación se pueda elaborar en conjunto. “Y obviamente aquí, como bien decían, tienen que entrar los municipios; fundamentalmente, si en algún caso las gobernaciones tendrían que hacerlo, pues también van a ayudar a (resolver) este problema (…)”, consideró.

 
La Cainco reitera rechazo
 
El gremio de los empresarios de Santa Cruz criticó los controles de precios incluidos en el PGE, calificándolos de "medidas represivas" que distorsionan el mercado, incentivan mercados negros y facilitan sanciones arbitrarias a empresas formales.

 
Cainco destacó que el PGE 2025 es casi una copia del presupuesto del año anterior, ignorando la crisis económica que afecta al país desde 2023. Según el comunicado, el documento no presenta estrategias concretas para afrontar los desafíos económicos actuales ni responde a acuerdos alcanzados con el sector empresarial.

 
En ese sentido, la institución pidió a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto en su forma actual y exigir modificaciones al Ejecutivo.



Fuente: El Deber 






 

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