El Gobierno nacional aprobó el miércoles, 15 de enero, en consejo de ministros, el Decreto Supremo 5313, que tiene por objetivo “optimizar la comercialización de diésel y gasolinas importadas por parte de personas naturales o jurídicas privadas”.

De acuerdo con la normativa colgada desde este jueves en la Gaceta Oficial, en su disposición adicional primera, se modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N° 5271 y, amplía de uno a tres años, la autorización a personas naturales o jurídicas privadas, “la importación de diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno, conforme a lo establecido en el presente Decreto Supremo”.

Sin embargo, en su artículo 3, el nuevo decreto establece que las autorizaciones emitidas por la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) para compra local, de volúmenes mayores al consumo doméstico de diésel y gasolinas importadas, tendrán una vigencia máxima de 120 días calendario.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan, observó que esta última medida es un desincentivo para los productores de alimentos que adquieren combustibles en el mercado local, porque las autoridades de la DGSC pueden presumir que ha comprado sin autorización, fuera de los 120 días de vigencia, si encuentran combustible almacenado no consumido.

“El gran problema de fondo es que la Dirección General de Sustancias Controladas tiene mucho más poder que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre los hidrocarburos, cuando la actividad es una actividad eminentemente legal, comercial y es lícita”, indicó Santistevan.

En este sentido, afirmó que “más vale el poder de la burocracia, del policía, del fiscal”, porque presume la culpabilidad si encuentran un producto que no tengan el suficiente respaldo. “Porque la Ley 913, que modificó la ley 1008, es muy draconiana. Pueden encontrar a un productor con mil litros de diésel en su propiedad y, si ellos tienen dudas sobre el respaldo, ya nomás confiscan porque creen que eso ya entra al narcotráfico”, apuntó. 

Santistevan advirtió que ese tipo de medidas genera inseguridad jurídica, porque se conoce de los abusos de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “Nunca investigan primero, solo agarran, comisan combustibles y meten en procesos criminales a los productores, cuando la actividad es lícita (…). Eso va a seguir mientras el Gobierno no entienda que hay que apoyar a los productores, incentivarlos. Porque ya hay suficiente desincentivo con el tema de los dólares, etcétera. Por eso es que esto no está dando resultados hasta ahora”, aseveró el jurista. 

Agregó que “el otro elemento que el Gobierno debe entender es que estos hidrocarburos (importados) no son producto de la nacionalización, ni son propiedad de los bolivianos, son propiedad privada. Entonces, debería ser mucho más eficiente y transparente no seguir colocando más trabas y más burocracia en la tenencia de almacenamiento”.



Fuente: El Deber