###

“…cuatro cuestiones de política regulatoria separadas que hay que encarar: privacidad, poder de mercado, libertad de expresión…”

En lo referido al poder de mercado, hace poco la Unión Europea impuso por tercer año consecutivo una importante multa a Google por un tercer caso de abuso de posición dominante (la empresa apeló la medida). En cuanto al contenido de las redes sociales, las masacres de marzo en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) se transmitieron en vivo por Facebook; y todos los días hay controversias por la eliminación de comentarios violentos (discurso de odio) y el posible sesgo anticonservador en su definición. Por el lado de la seguridad nacional, en el informe del fiscal especial de los Estados Unidos Robert Mueller hay pruebas de que ya en 2014 agentes rusos usaron las redes sociales para sembrar discordia en las elecciones estadounidenses.

En estas circunstancias, no sorprende que la ciudadanía y los políticos exijan que “se haga algo”. La necesidad de regulación es evidente (y algunos directivos del sector tecnológico lo admiten). Hace poco, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió que los gobiernos desempeñen un “papel más activo” en la regulación de Internet, a fin de fijar reglas claras en relación con los contenidos nocivos, la protección de las elecciones, la privacidad personal y la portabilidad de datos. A muchos les sonó como un alcohólico o drogadicto que pide que lo protejan de sí mismo.

Los reguladores ya habían empezado actuar mucho antes del pedido de Zuckerberg. En relación con la privacidad de los datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, vigente desde mayo de 2018, exige a todas las empresas que hagan negocios en la UE (estén o no radicadas allí) el cumplimiento de una serie de normas en sus operaciones en todo el mundo, no sólo dentro de la UE. Pero los altos costos fijos de cumplir estas normas afectarán más a las empresas más pequeñas, de modo que el RGPD puede acabar protegiendo de su competencia a las más grandes.

A esto se suma el hecho de que las grandes tecnológicas cuentan con efectos de red (cada usuario nuevo aumenta el valor de todos los que ya están) que crean barreras al ingreso y limitan la competencia. Además de las multas de la UE, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos está reexaminando sus políticas antitrust para adaptarlas a esta nueva era de concentración económica. Y algunos de los precandidatos demócratas para la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos tienen propuestas propias para limitar el poder de mercado de las grandes tecnológicas.

Pero los intentos de resolver la concentración de mercado también pueden tener efectos contraproducentes. La propuesta más radical, de la precandidata demócrata Elizabeth Warren, prohibiría a las grandes tecnológicas operar plataformas y al mismo tiempo ofrecer productos propios en ellas. Pero hoy, los consumidores obtienen facilidad de uso y en ocasiones precios más bajos, incluidos “servicios gratuitos” que son posibles gracias a los ingresos publicitarios de estas plataformas.

También sería problemático convertir las plataformas tecnológicas en servicios públicos regulados. Hace poco se publicó en el Reino Unido un informe preliminar que propone establecer una autoridad reguladora que vigile el cumplimiento de ciertos códigos de conducta, por ejemplo igualdad de trato a los productos de la competencia en las plataformas digitales, empleo de estándares abiertos para los datos de los usuarios y una mayor atención a posibles efectos perjudiciales sobre la competencia en las decisiones referidas a fusiones de empresas. Es una propuesta más prometedora que la de Warren, pero también supone el riesgo de darles demasiado poder a agencias pasibles de ser “capturadas” por los mismos intereses que deben vigilar.

Finalmente, las empresas tecnológicas tienen que resolver los riesgos que el uso de sus productos puede plantear a la seguridad nacional. El debate actual sobre las ambiciones de la gigante china de las telecomunicaciones móviles Huawei en el mercado del 5G pone de relieve este imperativo. Otros ejemplos son el conflicto entre Apple y el FBI en 2016 por la negativa de la empresa a desbloquear el iPhone de un terrorista y la oposición de los empleados de Google a contratos de la compañía con el sector militar y de inteligencia de los Estados Unidos.

Estos casos demandan cooperación y comprensión mutua entre las empresas tecnológicas y los profesionales encargados de la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, cuando ocurrió lo del FBI, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, cuestionó la idea de crear una “puerta trasera” para desbloquear el iPhone, ya que podía ser robada o “hackeada”, con riesgo de causar mucho más daño. Pero las empresas tecnológicas deben comprender que ciertas medidas contrarias a sus intereses comerciales pueden ser necesarias para proteger vidas en circunstancias excepcionales (siempre que se las defina rigurosamente y estén bajo supervisión judicial).

Conforme las tecnologías sigan evolucionando, los cuatro desafíos aquí expuestos se volverán más intensos. Razón de más para que las empresas tecnológicas y los gobiernos se anticipen, antes de que algún incidente especialmente desagradable provoque un clamor público todavía mayor y la adopción de medidas de regulación más amplias e indiscriminadas que limiten innecesariamente los innegables beneficios de la tecnología.

…las empresas tecnológicas tienen que resolver los riesgos que el uso de sus productos puede plantear a la seguridad nacional…”

(*) https://www.project-syndicate.org/commentary/big-tech-regulation-four-challenges-by-michael-boskin-2019-04/spanish  

(**)Es profesor de economía en la Universidad de Stanford y miembro principal de la Hoover Institution. Fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de George H. W. Bush de 1989 a 1993, y dirigió la llamada Comisión Boskin, un órgano asesor del Congreso que destacó los errores en las estimaciones oficiales de inflación en los Estados Unidos.