La Casa Blanca le dio un mes para que liquide las actividades que inició en noviembre de 2022 durante el gobierno de Biden

Estados Unidos dio de plazo hasta el 3 de abril a la petrolera Chevron para "la liquidación" de sus operaciones en Venezuela, una bofetada para el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que anticipa "un incremento" en el precio del crudo.

Siguiendo las instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el "cierre de actividades" en el país caribeño de Chevron, de sus "empresas conjuntas" con la petrolera estatal petróleos de Venezuela pdvsa o de cualquier otra compañía en la que esta última posea "una participación del 50%".

Con esta finalidad el Departamento del Tesoro estadounidense creó la licencia 41A, que entró en vigor ayer y revoca la emitida en noviembre de 2022 por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden.

La nueva licencia impone sin embargo a Chevron, la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.

Chevron no podrá pagar "impuestos o regalías al gobierno de Venezuela", ni dividendos a pdvsa, ni a ninguna compañía en la que esta posea, "directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%".

También quedan prohibidos la venta de petróleo o productos petroleros "a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos" y llevar a cabo transacciones con empresas controladas por compañías de la Federación rusa.

por último, y como viene siendo costumbre, tampoco se permiten las operaciones con personas sancionadas por Washington.

A finales de febrero Trump ya había anunciado el fin de la licencia que permite a la petrolera estadounidense operar en Venezuela.

Caracas prevé consecuencias en el mercado porque Chevron aporta unos 200.000 barriles diarios (bd) de petróleo del millón de bd que produce Venezuela.

"El nuevo gobierno de Estados Unidos pretendiendo hacer un daño al pueblo venezolano, se está autoinflingiendo un perjuicio al causar incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero", afirmó Delcy rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, en un comunicado. (...)



Fuente: La Nación


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