La institucionalidad energética en Bolivia ha sido postergada durante años …###

La institucionalidad energética en Bolivia ha sido postergada durante años, y es urgente entender el impacto de no contar con una institucionalidad sólida en este sector, que gravita alrededor de la agenda económica del país, dijo Tatiana Genuzio.

EDICIÓN 142 | 2025

Vesna Marinkovic U.

Durante la CAEE 2025, la primera disertación, ofreciendo el marco conceptual de evento, abordó un tema clave para el futuro del país: la institucionalidad energética. Tatiana Genuzio, experta en diseño de políticas públicas, tuvo a su cargo la presentación y comenzó destacando la importancia de hablar de una temática que, durante años, ha sido postergada. “Han pasado muchos años sin que se discuta este tema, y es urgente entender el impacto de no contar con una institucionalidad sólida en el sector energético”, afirmó.

Desde el inicio, planteó una premisa clave: la institucionalidad energética es parte integral de la gobernanza, entendida como el conjunto de normas, políticas, procesos e instituciones que permiten que un sistema energético funcione de manera sostenible, equitativa y eficiente. En ese marco, remarcó que las buenas políticas públicas aquellas que abordan problemas sociales, económicos y ambientales con criterios de equidad son imprescindibles.

La ponente hizo una importante diferenciación entre política pública y/o estatal y política partidaria y/o gubernamental, subrayando que esta última responde a intereses de poder específicos, lo que ha distorsionado, en muchas ocasiones, el diseño e implementación de reformas estructurales.

EL PERFIL DE UNA INSTITUCIÓN FUERTE Y LAS SEÑALES DEL DETERIORO INSTITUCIONAL

Según explicó, una institución energética robusta debe contar con legitimidad y confianza social, capacidad técnica, transparencia, adaptabilidad y, sobre todo, independencia. “Es precisamente en estos pilares donde se han producido los mayores síntomas de desinstitucionalización”, señaló, advirtiendo que esta fragilidad institucional ha afectado la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo energético en Bolivia.

A partir de esta premisa, la ponencia se enfocó en los ejes críticos de la institucionalidad energética. Uno de los más urgentes fue el marco normativo. “Para entender la desactualización de nuestra normativa, hay que revisar nuestras leyes fundamentales: la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Electricidad”, sostuvo.

“En el caso de la Ley de Hidrocarburos, vigente desde 2005, su objetivo principal fue asegurar la renta para el Estado, objetivo que se cumplió mientras los precios internacionales de gas y petróleo fueron altos. Pero a partir de 2015, con la caída de precios, el modelo se volvió poco competitivo”, dijo Genuzio.

Agregó que mientras el Government Take de Bolivia promedia el 80%, el de Colombia es 39%, el de Perú 54% y el de Argentina 53%, es evidente el desincentivo para invertir en exploración y producción de gas y líquidos en el país.

LEY DE ELECTRICIDAD DESFASADA Y SUBVENCIONES CRUZADAS

Sobre la Ley de Electricidad de 1994, explicó que fue concebida bajo el principio de desintegración vertical de las actividades de generación, transmisión y distribución. Sin embargo, acotó que con el Decreto de Nacionalización, este principio fue reemplazado por un esquema de integración vertical que ha distorsionado los costos y ha dificultado la evaluación de eficiencia.

Además, la ponente explicó que la ley no contempla el tratamiento de energías alternativas, y los ajustes posteriores del Gobierno como el límite del 3% en el precio de nodo impiden la actualización tarifaria. “Esto ha generado fondos de estabilización deficitarios y subvenciones cruzadas que distorsionan la señal económica para los consumidores y los generadores”, acotó.

“Lo que se necesita es eliminar estos fondos, transparentar los subsidios y diseñar un marco adecuado que permita una remuneración eficiente para las energías renovables”, remarcó Genuzio.

Asimismo, planteó como urgente una revisión de principios fundamentales para actualizar el marco normativo del sector energético: claridad legal, actualización oportuna, participación social, transparencia y adaptabilidad.

LA PÉRDIDA DE REGULACIÓN, LA DESCOORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y LA URGENCIA DEL COMPLIANCE

Una de las alertas más graves planteadas durante su exposición sobre institucionalidad energética en Bolivia fue la pérdida efectiva de la función reguladora. Argumento que si bien la normativa vigente establece roles diferenciados como el de YPFB como operador y la ANH como ente regulador, en la práctica esta estructura ha sido distorsionada.

“Un ejemplo claro es la Ley 3740 de desarrollo sostenible del sector hidrocarburos, que establece que YPFB debe aprobar planes de desarrollo para garantizar la máxima recuperación de reservas. Sin embargo, al no contar con un ente regulador verdaderamente independiente y activo, no existen indicadores de evaluación ni alertas tempranas que permitan monitorear eficientemente el cumplimiento de estos objetivos”, sostuvo.

Además, agregó que aunque YPFB debería publicar información semestral sobre costos, los datos difundidos son altamente agregados, lo que impide hacer evaluaciones técnicas y económicas precisas. La expositora señaló que: “La información existe, pero no se publica de forma transparente”.

En su criterio, esto ha contribuido directamente a la declinación de los campos de gas natural, un fenómeno que, según la especialista, podría haberse anticipado si se hubiera contado con un sistema institucional más robusto. Además, arguyó, se suman problemas de normativas desactualizadas y una regulación debilitada por la falta de autonomía y transparencia de las entidades supervisoras.

LA DESCOORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y LA TEORÍA DE AGENCIA

Otro eje de análisis en la disertación de Genuzio fue la falta de coordinación institucional. Hizo notar que a pesar de que la Constitución establece que la Empresa Boliviana de Industrialización (EBI) debe liderar el proceso de industrialización de los hidrocarburos, un decreto de 2011 delegó competencias paralelas a YPFB, lo que ha generado solapamientos de funciones y confusión en la ejecución de políticas públicas.

Un caso similar ocurre con el derecho a la consulta previa, en el que deberían intervenir actores como la ANH, el Órgano Electoral y los gobiernos subnacionales. Sin embargo, observó, la falta de coordinación interinstitucional impide su correcta aplicación, afectando los derechos de las comunidades y retrasando proyectos estratégicos.

“La institucionalidad energética en Bolivia requiere una reforma urgente. Sin regulación independiente, coordinación institucional ni cumplimiento normativo, será muy difícil enfrentar los desafíos estructurales…”

En su criterio, este escenario se enmarca dentro de lo que se conoce como la teoría de agencia, en la que el “principal” el ciudadano o la autoridad normativa delega una función al “agente” el funcionario o institución ejecutora. Aseguró que en Bolivia, esta figura se ve desvirtuada por la multiplicidad de principales (entre ellos, grupos de poder y partidos políticos), lo que limita el desarrollo efectivo de las políticas públicas.

CAPITAL HUMANO Y POLITIZACIÓN DEL SECTOR

Uno de los aspectos más sensibles del diagnóstico de Genuzio fue la injerencia de la política partidaria en la administración pública. “Muchos funcionarios evitan tomar decisiones técnicas por miedo a represalias o por presiones políticas”, denunció la experta. Acotó que esta dinámica ha deteriorado gravemente la calidad del servicio público y es una de las principales causas de la desinstitucionalización.

En ese marco, señaló que el capital humano en el sector energético debería basarse en criterios técnicos, meritocráticos y especializados, en lugar de obedecer a cuotas políticas o afinidades ideológicas.

LA URGENCIA DE IMPLEMENTAR UN VERDADERO SISTEMA DE COMPLIANCE

Finalmente, abordó un componente clave para reconstruir la institucionalidad: el compliance, es decir, el cumplimiento normativo y ético dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas.

Dijo que este concepto ha cobrado especial relevancia tras la nacionalización del sector energético, a partir del Decreto Supremo 28701 Héroes del Chaco, de 2006, contexto donde empresas filiales y subsidiarias de YPFB y ENDE operan bajo un régimen híbrido: son sociedades anónimas sujetas al Código de Comercio, pero también están bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado.

En su criterio, esta ambigüedad legal ha generado vacíos jurídicos graves. Por ejemplo, cuando se detectan incumplimientos contractuales por parte de empleados, no se puede proceder legalmente porque no son considerados funcionarios públicos, a pesar de estar sujetos a normas del sector público.

Sostuvo que aunque el compliance fue incorporado en 2023 en la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción, aún no existe una regulación efectiva que garantice su cumplimiento, dejando abierta la puerta a irregularidades y falta de control.

“La institucionalidad energética en Bolivia requiere una reforma urgente. Sin regulación independiente, coordinación institucional ni cumplimiento normativo, será muy difícil enfrentar los desafíos estructurales del sector energético”, concluyó la ponente.

Muchos funcionarios evitan tomar decisiones técnicas por miedo a represalias o por presiones políticas”