Hay un paro indefinido de las 32 empresas de Santa Cruz y 134 del país que reclaman una compensación al Gobierno por el aumento del diésel, repuestos y otros costos operativos.

La distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a los barrios comenzó a resentirse este jueves en Santa Cruz y otras regiones del país, luego de que los distribuidores decidieran suspender de forma indefinida la salida de sus camiones en demanda de una compensación por el incremento de sus costos operativos, principalmente por el encarecimiento del diésel.

El sector asegura que trabajar con las actuales condiciones implica una pérdida aproximada de Bs 1,60 por cada garrafa transportada, por lo que reclama al Gobierno una compensación que permita sostener el servicio sin trasladar el mayor costo al consumidor.

La Cámara Nacional de Distribuidores de GLP sostiene que no está planteando un incremento del precio de la garrafa, que se mantiene en Bs 22,50, sino una revisión de la comisión que reciben las empresas por llevar el producto desde las plantas envasadoras hasta los barrios.

“Ya no podemos sostener una distribución a pérdida”, afirmó Fernando Segovia, dirigente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP.

En Santa Cruz operan 32 empresas dedicadas a la distribución de GLP, mientras que a escala nacional el sector está compuesto por 134 empresas, de acuerdo con los datos proporcionados por los distribuidores.

El impacto de la medida es significativo por el volumen que moviliza esta cadena. En Santa Cruz se distribuyen habitualmente entre 33.000 y 36.000 garrafas por día, mientras que el movimiento nacional llega a unas 135.000 a 140.000 unidades diarias, según Segovia.

El diésel, el principal problema

El dirigente explicó que el incremento del diésel no representa el único efecto sobre la estructura de costos de las empresas. A la factura del combustible se suman los mayores precios de repuestos, llantas, aceites y otros insumos utilizados para mantener operativos los camiones.

“Solamente por el tema diésel estaríamos perdiendo aproximadamente un boliviano con 60 por garrafa y aparte se tiene que contar que el precio del diésel tiene una escalada en los otros precios”, señaló Segovia.

El reclamo se produce en un contexto de fuerte presión sobre toda la cadena de transporte de combustibles. En los últimos días, YPFB también tuvo que negociar con los transportistas cisternas para garantizar el traslado de gasolina y diésel hacia las distintas regiones del país. El acuerdo alcanzado con ese sector permitió reactivar el transporte de carburantes.

Para los distribuidores de GLP, sin embargo, el problema es diferente. Ellos constituyen el último eslabón de la cadena: reciben las garrafas en las plantas envasadoras y se encargan de llevarlas hasta los puntos de venta y los barrios.

El producto está en las agencias

La paralización del reparto no significa necesariamente que el GLP haya dejado de estar disponible. En Santa Cruz, reportes de esta jornada señalan que las garrafas pueden adquirirse en las agencias distribuidoras, pero los camiones no están realizando el recorrido habitual por los barrios.

La diferencia es importante para los consumidores, porque obliga a las familias que necesitan el producto a trasladarse hasta los puntos de distribución, en lugar de adquirirlo directamente del camión que recorre las zonas urbanas y rurales.

El precio oficial continúa en Bs 22,50 por garrafa. Ese valor ya había sido objeto de presión durante el año, cuando en distintos barrios de Santa Cruz se denunciaron ventas por encima del precio establecido y dificultades para acceder al producto. En julio, YPFB atribuyó parte de los problemas de abastecimiento al incremento estacional de la demanda y a dificultades de engarrafado, y anunció un plan de contingencia para reforzar la provisión.

La estatal informó entonces que las plantas Palmasola I y II podían envasar entre 35.000 y 40.000 garrafas de 10 kilos por día durante el invierno, volumen que podía llegar a unas 45.000 unidades considerando las plantas provinciales.

Un acuerdo que no frenó la protesta

 El miércoles 30 de septiembre, YPFB y representantes de los cisternas que transportan GLP a las envasadoras llegaron a un acuerdo, pero Segovia aclaró que el acuerdo solo beneficia a un eslabón de la cadena de distribución de GlLP.

"Ese acuerdo es entre los que llevan el GLP a las envasadores y no entre los que transportamos las garrafas de las envasadoras o agencias y lo distribuimos en los diferentes barrios de la ciudad", precisó Segovia.

Para los distribuidores, el objetivo no es elevar el precio que paga el consumidor, sino evitar que el costo adicional generado por el diésel termine haciendo inviable la actividad.

La medida, según la dirigencia, se mantendrá mientras no exista una solución que permita cubrir el incremento de los costos. El desenlace de la negociación será clave para evitar que una interrupción temporal del reparto termine convirtiéndose en un problema de abastecimiento para los hogares, comercios y pequeños negocios que dependen diariamente del GLP.




Fuente: El deber