2012-12-15
Gustavo Torres
Paraguay no posee yacimientos de bauxita, ni los insumos necesarios —brea, coke calcinado, alquitrán y combustibles— para producir aluminio en lingotes; tampoco mano de obra calificada, ni puertos para exportar, ni menos un mercado donde venderlo. Sin embargo, la transnacional electrointensiva Rio Tinto Alcan pretende instalarse en el país para aprovechar la energía hidroeléctrica.
Así lo aseguran integrantes de la Campaña “No al Golpe de Rio Tinto Alcan”, dirigida a reunir 100,000 firmas contra la instalación de Rio Tinto Alcan. La primera parte de la campaña lanzada en julio, culminó el 28 de noviembre con una jornada de movilización en Asunción, la capital, en la que se entregaron 24,480 firmas al Ministerio de Industria y Comercio con copias al Congreso Nacional, que reclaman el cese de las negociaciones. Toda inversión que tenga un impacto tan importante como la que se pretende instalar debe ser consultada a la ciudadanía.
Rio Tinto Alcan es la segunda mayor productora de aluminio del mundo, actividad considerada electrointensiva porque más del 30% de su costo de producción corresponde a la energía eléctrica. La empresa, cuya sede principal se encuentra en Canadá y cuenta también con capitales británicos y australianos propone producir 670,000 TM de aluminio, para lo cual importará el 100% de la materia prima en su mayoría de Brasil y utilizará 1,100 MW de potencia en forma constante, lo que equivale a 9,600 GWh/año, mientras que la industria nacional consume menos de una sexta parte de esa energía (1,623 GWh/año), aseguran los técnicos de la campaña “No al Golpe de Rio Tinto Alcan”.
“Lo que en Paraguay hay mucha es energía hidroeléctrica, indispensable para el proceso productivo, y lamentablemente hay funcionarios complacientes dispuestos a entregarla por la casi mitad de su valor mínimo, por 30 años, renovable por 20 años más. Este trato obligará a todos los habitantes de Paraguay a pagar la otra mitad de su consumo eléctrico, ya sea con aumentos de la tarifa eléctrica, como sucedió en Brasil, o con mayores impuestos y reducción del gasto público. Esto equivale, en 20 años, a US$3.5 millardos, es decir, ocho veces la deuda externa paraguaya, sólo para que Rio Tinto Alcan encuentre el ‘clima adecuado’ para invertir en Paraguay”, asegura a Noticias Aliadas Sarah Zevaco, integrante de la campaña.
Además, Rio Tinto Alcan ha puesto una serie de condiciones para instalarse en Paraguay: exige al Estado paraguayo construir un puerto y terminal logística para recibir las materias primas que provendrán de Brasil y para exportar los lingotes de aluminio que producirá hacia los centros fabriles para convertirse en autopartes, aviones, cables, cacerolas, latas y otros productos procesados, así como una línea de 500 kW desde las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá —que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente— hasta la fábrica, y el dragado del río Paraná para buques de gran calado.
El costo de estas obras públicas fue estimado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre $700 millones y $1 millardo. En cuanto a la cuestión de quién paga estas obras, los representantes del Ministerio de Industria y Comercio plantearon gestionar un préstamo con el sector privado y asociarse con Rio Tinto Alcan para su cumplimiento. Se calcula que la planta de Río Tinto Alcan consumirá el 60% del consumo anual nacional de electricidad, es decir el 47% de la energía eléctrica que produce el país pagando menos de lo que vale durante 30 años, la empresa importará el 100% de los insumos y exportará la totalidad de su producción.
Negociaciones en marcha
El desembarco de Rio Tinto Alcan en Paraguay en octubre del 2009 “coincidió” con el inicio de la construcción de infraestructuras de parte del gobierno nacional para la instalación de la línea de transmisión de 500 KW desde la central hidroeléctrica de Itaipú.
En enero del 2011 se conformó por decreto el Equipo Técnico Interinstitucional para analizar la inversión propuesta por la
empresa y cerrar la decisión acerca de su instalación recién en el año 2016 para que la ciudadanía decida a través de su participación. Durante el gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-2012) se realizaron dos audiencias públicas acerca de la instalación de Rio Tinto, el 19 de diciembre del 2011 y el 1 de junio del 2012, organizadas por el Viceministerio de Minas y Energía y apoyadas por otras instituciones del Estado.
La primera Audiencia Pública determinó que la transnacional Río Tinto Alcan debe pagar $62/Mw/h, $32 más de lo que quiere pagar la empresa, mientras que en la segunda Audiencia Pública se condenó cualquier acuerdo con la multinacional electrointensiva.
Sin embargo, tras el golpe de Estado parlamentario del 22 de junio, el presidente designado Federico Franco se declaró públicamente a favor de Rio Tinto Alcan y aceleró la negociación para su instalación, proponiendo firmar en tres meses una carta de intención o preacuerdo, desconociendo el estado de las negociaciones. En octubre, el gobierno anunció la contratación del consultor económico estadunidense Jeffrey Sachs para elaborar dicha carta de intención.
Consultado por Noticias Aliadas, el economista Luis Brunstein, profesor de Economía en Hiram College, Ohio, EEUU, y participante como panelista en las dos Audiencias Públicas realizadas, considera que en “el momento histórico que atravesaba el país, con niveles de pobreza históricamente bajos, con una deuda pública relativamente baja, con un programa de inclusión social que estaba comenzando a rendir frutos, con niveles de estabilidad social altos tanto a nivel local como regional, Paraguay no debía tener ningún apuro en entregar sus riquezas naturales sin recibir nada realmente ventajoso. Las inversiones extranjeras que le convienen a Paraguay son aquellas que dinamicen la cadena productiva local y que sean rentables sin pedirle al gobierno favores fiscales a cambio”.
En ese sentido, Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Lugo, acusa al gobierno de Franco de aceptar la presencia de Rio Tinto Alcan a como dé lugar, sin estudios serios ni condiciones para la aplicación de reglas ambientales.
“Pretende subsidiar la energía con un precio de $45/MWh o incluso menor, alegando que no es subsidio, cuando el costo de la energía garantizada es de $60/MWh al 2012, incluyendo costos de transmisión, precio que va en continuo incremento y que sí es pagado por la industria nacional e incluso más. Los beneficios y retorno sobre inversión para el Estado serán marginales —por vía de los impuestos, ni siquiera alcanzando el 7% del valor de las exportaciones según información del Ministerio de Industria y Comercio—, por lo cual no se puede hablar de desarrollo nacional cuando es una sola empresa privada la beneficiada”, afirma Canese a Noticias Aliadas.
Según información divulgada por la prensa, la tercera semana de diciembre el gobierno de Franco y Rio Tinto Alcan firmarán un preacuerdo para la instalación —en el mismo lugar donde la compañía instalará próximamente sus oficinas— de un parque industrial alrededor de la planta, donde se manufacture al menos el 50% del aluminio fabricado por la empresa.
Canese agrega que las “cartas de intención o preacuerdo de industrias que vendrían al parque industrial no pueden ser elementos de negociación por el carácter hipotético de las mismas, que no brindan ninguna garantía. Por todas estas razones, solicitamos a las autoridades del Estado asumir su misión de acuerdo a los intereses de la mayoría del pueblo paraguayo, y por ende cesar las negociaciones con la empresa Rio Tinto Alcan, y en su lugar iniciar un plan concertado de industrialización con todos los sectores de la población, de manera que las políticas de industria permitan trabajo digno, respeto del medio ambiente, cuidado de los recursos naturales e integración con las políticas de acceso a derechos (salud, educación, trabajo, vida digna)”, agrega.
Campaña continúa
Las razones para oponerse a Rio Tinto Alcan, según Canese, radican en que “la falta de transparencia en las negociaciones viola lo que expresa nuestra Constitución en sus artículos 1 y 2, que establece como gobierno ‘la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana’, y que la soberanía reside en el pueblo, además de poner en riesgo la posibilidad de un desarrollo, ya que en 20 años no se dispondrá de excedentes energéticos para nuevos proyectos alrededor de la planta dadas las previsiones de consumo de energía —a medida que avanza el consumo de energía a nivel residencial e industrial—, y pone en riesgo nuestra biodiversidad y vida al negar los posibles impactos ambientales”.
Mientras tanto, la campaña “No al Golpe de Rio Tinto Alcan” continuará con la recolección de firmas.
“En un principio se pensó entregar 100,000 firmas al Ejecutivo durante una campaña de un año, pero el gobierno adelantó las negociaciones con Rio Tinto Alcan para su instalación en el país. Sin embargo, la campaña sigue su curso, y una segunda entrega de las firmas recolectadas se presentará a fines de diciembre, para sumar la mayor cantidad posible de petitorios ciudadanos. Forman parte de esta campaña organizaciones sociales y partidarias, comunitarias, estudiantiles y ciudadanas, y tiene como objetivo informar, debatir e influir sobre la toma de decisión política sobre esta inversión, rechazar su instalación y que se detenga la negociación”, explica a Noticias Aliadas Nathalia Correa, coordinadora del equipo de firmas ciudadanas de la campaña.
Una vez cesada la negociación, con la entrega de las firmas en el Parlamento, se pretende llamar a referéndum vinculante, como establece la Constitución Nacional”, alega Correa. “En caso contrario, se estará avasallando los derechos de la ciudadanía. Podemos afirmar que la campaña iniciada logró la visibilización y sensibilidad ciudadana respecto al tema Rio Tinto Alcan”, añade. —Noticias Aliadas.
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Fuente: http://alainet.org/active/60355&lang=es
