En la sesión plenaria de la BCDE 2026, realizada en instalaciones de la UPB Santa Cruz, Javier Aliaga presentó un análisis preliminar que advierte sobre los riesgos que conectan la crisis energética con las cuentas públicas. Su evaluación plantea que retirar la subvención a los combustibles fósiles puede reducir el déficit; pero, asegura que la dependencia de las importaciones, la presión cambiaria y los costos internacionales podrían neutralizar ese alivio.
Abner Flores/ENERGÍABolivia, 10 de noviembre de 2026.- Durante la sesión plenaria de la BCDE 2026, titulada “¿Cómo ordenar las cuentas fiscales sin frenar aún más el crecimiento en Bolivia?”, Javier Aliaga expuso cómo la situación energética condiciona las posibilidades de ordenar las finanzas públicas. Su análisis tomó como referencia las cifras presupuestarias relacionadas con la importación y comercialización de diésel y gasolina, cuyo gasto estimado alcanza Bs 43.100 millones. Frente a ese escenario, explicó que la subvención anunciada, calculada en Bs 11.000 millones, constituye una de las principales presiones que deben considerarse al evaluar el déficit fiscal y las obligaciones del Estado.
Uno de los puntos centrales de la presentación fue un ejercicio preliminar de estrés energético-fiscal, desarrollado sobre 15 escenarios que contemplan variaciones en los precios internacionales, los costos logísticos, las cantidades importadas, el tipo de cambio y la producción nacional de gas. De acuerdo con los cálculos expuestos, retirar la subvención desde enero permitiría reducir el déficit estimado de 6,67% a 4,77% del PIB, siempre que no se presenten shocks externos. En cambio, postergar la reforma o mantener el esquema durante todo el año incrementaría la presión sobre las cuentas públicas. Aliaga aclaró que el ejercicio todavía está en proceso de ajuste y que sus resultados representan escenarios posibles, no proyecciones definitivas.
La exposición también puso énfasis en un riesgo que puede complicar cualquier estrategia fiscal: la evolución de los precios de los combustibles refinados. Aliaga advirtió que una eventual caída del precio internacional del petróleo no necesariamente se traducirá en menores costos para Bolivia, debido a que el país importa derivados y no únicamente crudo. Los márgenes de refinación —conocidos como crack spread—, los fletes y las condiciones del mercado internacional pueden mantener elevada la factura de importación. A ello se suma la posibilidad de una mayor dependencia externa si continúa disminuyendo la producción nacional de hidrocarburos, situación que también podría intensificar las necesidades de divisas.
En sus conclusiones, Aliaga sostuvo que el riesgo energético ya no puede analizarse de manera aislada, porque está directamente conectado con la estabilidad cambiaria, los ingresos fiscales y el crecimiento económico. Entre las recomendaciones planteadas mencionó consolidar el ahorro que genere una eventual reducción del gasto en subvenciones, evitar que esos recursos regresen al circuito del gasto público y atender los pasivos pendientes. Asimismo, destacó la necesidad de recuperar la producción nacional de gas y fortalecer la capacidad de refinación, evaluando los beneficios de sustituir importaciones a partir de una canasta de productos y no solamente del precio del barril de crudo. El mensaje central de su intervención fue que el ajuste fiscal puede ofrecer un alivio inmediato, pero la sostenibilidad dependerá de resolver problemas estructurales del sector energético.
La sesión plenaria de la BCDE 2026, titulada “¿Cómo ordenar las cuentas fiscales sin frenar aún más el crecimiento en Bolivia?”, realizada en dependencias de la Universidad Privada Boliviana (UPB), en Santa Cruz de la Sierra, aclaró que el fin de la subvención no garantiza la estabilidad económica en el país.
Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia

Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia




