Al cumplirse el primer mes de intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el ministro Marcelo Blanco Quintanilla y el viceministro Yamil García Delfín reportaron bloqueos de placas, decomisos, aprehensiones y nuevas herramientas de vigilancia digital. Los resultados presentados apuntan a reforzar la fiscalización en un mercado tensionado por el abastecimiento y los cambios en la política de combustibles; el desafío ahora es convertir los operativos en controles permanentes y responsabilidades judiciales demostrables.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, Santa Cruz, 2 de octubre 2026.- La intervención de la ANH, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5699 del 3 de septiembre de 2026, nació con el objetivo oficial de corregir deficiencias de control y contribuir a normalizar el suministro de carburantes. En la conferencia de prensa de este viernes 2 de octubre, Blanco sostuvo que la institución cuenta ahora con mecanismos digitales para vigilar los carguíos y detectar operaciones irregulares.

Según el balance ministerial, se bloquearon alrededor de 6.700 placas de vehículos vinculados a movimientos observados, con lo que se habría protegido más de 14 millones de litros de gasolina y diésel. El ministro también afirmó que determinados trámites, que antes podían demorar meses, ahora se despachan en 48 horas. Más allá de las cifras, el punto de fondo es institucional: una entidad responsable de regular y fiscalizar la cadena de hidrocarburos necesita información confiable, capacidad de respuesta y procedimientos que permitan prevenir irregularidades antes de que afecten al abastecimiento.

Uno de los datos centrales del informe es el volumen de combustible incautado: Blanco reportó más de 10 millones de litros de gasolina y aproximadamente 7 millones de litros de diésel, entregados a YPFB para su comercialización legal. También informó sobre 31 personas aprehendidas, el decomiso de 24 vehículos y la neutralización de ocho motorizados equipados con tanques adicionales.

El ministro advirtió, además, que tras la eliminación de la subvención al diésel podrían estar desplazándose prácticas irregulares hacia la gasolina. Como ejemplo, mencionó vehículos que funcionan con gas natural vehicular (GNV) y que registraron consumos de gasolina muy superiores a los habituales. Estas cifras corresponden al balance presentado por las autoridades y requieren distinguir entre indicios detectados, mercancía recuperada y hechos cuya responsabilidad debe establecerse mediante los procesos correspondientes. El control de los combustibles no se limita a decomisar: también debe identificar las rutas de desvío, las posibles redes de comercialización ilegal y las fallas que permitieron su funcionamiento.

Por su parte, Yamil García señaló que las acciones legales alcanzan tanto a las personas sorprendidas en presuntos ilícitos como a las estaciones de servicio que pudieran haber facilitado operaciones irregulares. Según explicó, además de las investigaciones penales, se aplicarán sanciones administrativas que pueden incluir la suspensión temporal y el cierre definitivo, de acuerdo con la normativa y las infracciones acreditadas. El viceministro citó el caso de un vehículo cuya capacidad máxima era de 96 litros, pero que habría registrado carguíos de hasta 215 litros en reiteradas ocasiones; el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de Potosí. La relevancia de estas actuaciones está en que el control debe abarcar a toda la cadena, desde el despacho hasta el consumidor final, sin limitarse a los usuarios que aparecen en los registros.

El primer mes de intervención deja así dos tareas vinculadas, pero distintas: corregir las debilidades de fiscalización y contribuir a que los combustibles lleguen oportunamente a hogares, transportistas y sectores productivos. En un país que destina recursos a importar carburantes y que atraviesa cambios en su política de precios, las pérdidas por desvíos y contrabando representan un problema económico adicional, aunque su magnitud total debe sustentarse con información verificable.

La efectividad de la intervención no se medirá únicamente por el número de placas bloqueadas o vehículos decomisados, sino por la reducción sostenida de las irregularidades, la continuidad del abastecimiento, la transparencia de los procedimientos y los resultados judiciales. La prueba para la ANH será demostrar que los sistemas de monitoreo y las medidas anunciadas funcionan de manera estable, incluso cuando concluya la intervención extraordinaria.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia