La novena edición del Boletín Digital del Ministerio de Hidrocarburos y Energías en septiembre de 2026, presenta la eliminación de la subvención al diésel, el impulso a la refinación y la exploración, y la reorganización institucional como pilares de una nueva etapa para el sector. El ministro Marcelo Blanco defiende el cambio como una decisión económica necesaria, pero su alcance dependerá de que el ajuste se traduzca en inversión, mayor capacidad productiva y un abastecimiento sostenible.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, Santa Cruz, 2 de octubre de 2026.- El “renacer energético” que plantea el ministerio se desarrolla en un momento en que Bolivia necesita revisar cómo financia y garantiza el suministro de combustibles. En su editorial, Marcelo Blanco sostiene que la subvención al diésel representaba una carga insostenible para las finanzas públicas y argumenta que parte del producto importado terminaba beneficiando a grandes consumidores o saliendo del país por vías ilegales.

El Gobierno presenta el Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre, como un cambio de orientación: establece inicialmente el precio regulado del diésel en Bs 17,95 por litro y una metodología de ajuste vinculada al costo de abastecimiento. Sin embargo, más allá de la defensa oficial, el efecto económico de la medida debe evaluarse también por sus consecuencias sobre el transporte, la producción agropecuaria y los precios, así como por la capacidad estatal para controlar el destino de los recursos liberados.

El segundo componente de esta agenda es recuperar capacidad productiva dentro del país. La refinación y la exploración aparecen como respuestas a una dependencia externa que obliga a destinar divisas a la compra de combustibles, mientras la reorganización del Ministerio y los procesos de renovación en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos buscan recomponer la gestión institucional.

El Decreto Supremo 5701 abrió la posibilidad de importar petróleo crudo para procesarlo en las refinerías nacionales y comercializar sus derivados bajo un régimen sin subvención. La medida puede ampliar el aprovechamiento de la infraestructura existente, pero no equivale automáticamente a recuperar la autosuficiencia: sus resultados dependerán de la disponibilidad de crudo compatible, los costos logísticos y financieros, la eficiencia operativa y la continuidad de las inversiones exploratorias.

La interpretación central del ministerio es que el cambio de política energética no puede medirse únicamente por el retiro de una subvención o por la reorganización de las instituciones, sino por la capacidad de convertir esas decisiones en resultados verificables. Para reducir la vulnerabilidad del país, Bolivia necesita fortalecer la producción nacional, atraer inversiones con reglas previsibles, mejorar la transparencia en YPFB y la ANH y asegurar que cualquier ahorro fiscal tenga efectos concretos en la economía y los servicios públicos.

Blanco presenta el sinceramiento de precios como una vía para pasar del gasto subsidiado a la inversión productiva; el desafío pendiente es demostrar que esa transición puede sostener el abastecimiento, contener sus impactos sobre los sectores más expuestos y contribuir a una matriz energética menos dependiente de las importaciones.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia