El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, cuestionó este jueves la incineración de cargamentos de madera boliviana retenidos en Chile y pidió acciones diplomáticas y legales más diligentes para enfrentar el caso. Según expuso, el conflicto ya genera pérdidas económicas, afecta la reputación de los exportadores y pone en riesgo empleos vinculados a la cadena forestal, mientras persisten controversias sobre las pruebas que sustentan las acusaciones.
Abner Flores/ENERGÍABolivia, Santa Cruz 1 de octubre de 2026.- En conferencia de prensa, Gary Rodríguez calificó como una “iniquidad” lo que ocurre con las maderas bolivianas retenidas en Chile y señaló que desde principios de año 59 contenedores con madera tropical permanecen afectados por el caso. El gerente del IBCE sostuvo que la situación habría provocado un perjuicio directo de alrededor de US$15 millones para los exportadores, además de afectar la imagen del país y aproximadamente 20 mercados vinculados a estas operaciones. También denunció que parte de las cargas habría sido incinerada, cuestionando que se destruya propiedad de los exportadores mientras continúa la controversia sobre el caso.
El conflicto adquirió una dimensión internacional después de que autoridades chilenas anunciaran en junio la detección de 1.080,8 toneladas de madera en distintos puertos, asociadas a sustancias ilícitas, y señalaran que el operativo involucró 45 contenedores. La Fiscalía chilena sostiene que los análisis confirmaron la presencia de drogas, mientras que desde Bolivia se ha reclamado la presentación de pruebas científicas y se propuso un peritaje internacional.
TARDE, LENTO AL MENOS…
El Ministerio de Gobierno boliviano informó en agosto que aún esperaba resultados que acreditaran las acusaciones, mientras que la Fiscalía Regional de Arica ordenó el 21 de septiembre suspender los procesos de destrucción de las cargas hasta resolver solicitudes relacionadas con las incautaciones.
Más allá de la disputa sobre las sustancias encontradas, el caso plantea un problema económico y ambiental para Bolivia: la destrucción de madera significa también la pérdida de un activo productivo y de una mercancía destinada al comercio exterior, mientras que cualquier manejo o incineración de grandes volúmenes de material retenido incorpora una dimensión ambiental que requiere controles y procedimientos verificables. Rodríguez sostuvo que el daño ya alcanza a miles de empleos de la cadena maderera y reclamó mayor diligencia de la Cancillería y otras instancias estatales para buscar una solución diplomática, legal y económica.
Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia
