El físico y analista Francesco Zaratti sostiene que el fin de la subvención al diésel responde a una combinación de presión fiscal, escasez de divisas y diferencias de precios que alimentaron el contrabando. Pero advierte que el nuevo esquema enfrenta un problema adicional: el mercado internacional no garantiza por sí mismo que Bolivia pueda conseguir todo el combustible que necesita.
Abner Flores/ENERGÍABolivia, 29 de septiembre de 2026.- El debate sobre el futuro de la subvención a los combustibles adquiere otra dimensión a partir del análisis de Francesco Zaratti, físico y analista, a quien ENERGÍABolivia formuló tres consultas sobre su reciente artículo “Autopsia de una subvención”. La primera pregunta fue qué factores llevaron al Gobierno a terminar con la subvención al diésel y vincular su precio con el mercado internacional. Zaratti identifica tres elementos: el elevado costo fiscal del subsidio, la falta de divisas que obligaba a recurrir a mecanismos de compra a crédito y la diferencia de precios con los países vecinos, que —según su análisis— incentivaba el contrabando. La lectura de fondo es que el antiguo esquema dejó de ser solamente una política de precios y pasó a convertirse en un problema de financiamiento y abastecimiento para el Estado.
La segunda consulta fue si las divisas disponibles —propias, prestadas o provenientes de empresas privadas— serán suficientes para garantizar el abastecimiento interno bajo el nuevo régimen. La respuesta introduce una advertencia que cambia el eje de la discusión: aun cuando exista dinero para comprar combustible, tener recursos financieros no significa necesariamente encontrar producto disponible.
Zaratti señala que el mercado internacional atraviesa un escenario complicado de abastecimiento de refinados y que los precios están condicionados por la evolución del crudo y por conflictos internacionales. Incluso plantea como posibilidad que YPFB tenga que competir con otros compradores mayoristas para conseguir diésel. Esto resulta relevante porque Bolivia ya depende fuertemente de las importaciones: datos de YPFB muestran que en 2025 la importación representó la mayor parte de la oferta de diésel y que para 2026 la estatal proyectaba una producción nacional todavía menor frente al volumen importado.
La tercera consulta fue qué debería ocurrir con los subsidios que todavía permanecen para la gasolina, GLP, gas natural y GNV para evitar que reproduzcan una crisis similar a la del diésel. Zaratti plantea que, en el largo plazo, los subsidios deberían desaparecer, pero considera que la discusión no se reduce a eliminarlos: también importa definir cómo, cuáles y cuándo hacerlo. En particular, señala que el GLP tiene un impacto fiscal menor pero una elevada importancia social y puede mantener incentivos al contrabando. El análisis también conecta la política de subsidios con las tarifas eléctricas: mantener determinados niveles tarifarios asociados a la generación térmica, sostiene, puede dificultar el desarrollo de fuentes renovables. Así, el debate empieza a desplazarse desde el precio de un combustible hacia la estructura completa de la política energética boliviana.
La conclusión que emerge de las tres respuestas es que la eliminación de la subvención puede atacar una parte del problema, pero no reemplaza una política energética integral. Bolivia necesita asegurar divisas, pero también contar con combustible disponible, logística eficiente y capacidad para reducir progresivamente su dependencia de productos refinados importados. En esa dirección, YPFB ya recibió autorización para que sus refinerías importen crudo, lo procesen en Bolivia y comercialicen los derivados a precio de mercado, con el objetivo de disminuir la compra externa de combustibles terminados y aprovechar capacidad de refinación existente. La “autopsia” planteada por Zaratti, por tanto, lleva la discusión a una pregunta mayor: si el subsidio fue durante años una forma de sostener artificialmente el precio, ¿qué estructura energética debe construir Bolivia ahora para que eliminarlo no signifique simplemente trasladar el problema del Estado al consumidor y continuar dependiendo del mercado externo?
Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia
