El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco Quintanilla, encabezó controles junto a la ANH, YPFB y la Policía Boliviana en estaciones de servicio de La Paz y El Alto. La revisión de placas e historiales de carguío ya permitió detectar vehículos con volúmenes considerados excesivos, mientras las autoridades advierten con sanciones ante posibles reincidencias.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, Santa Cruz, 6 de octubre de 2026.- El Gobierno está llevando la fiscalización de combustibles desde los escritorios hacia las estaciones de servicio, con operativos en los que participan de manera coordinada el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la ANH, YPFB y la Policía Boliviana. El ministro Marcelo Blanco Quintanilla sostuvo que la supervisión debe realizarse directamente en las calles y no limitarse a las oficinas de la autoridad reguladora. En los controles se verifica la placa de los vehículos y la cantidad de combustible cargado, una metodología que busca identificar patrones de consumo que puedan estar vinculados con la reventa o el desvío de carburantes.

La intervención policial añade una dimensión operativa y legal al control administrativo. El coronel Terrazas informó que, durante las primeras verificaciones, fueron detectados seis vehículos con una cantidad excesiva de carguío, por lo que se suspendió el abastecimiento y se advirtió que una reincidencia podría derivar en acciones conforme a la normativa. La Policía también desplegó efectivos en El Alto, el centro de La Paz y la Zona Sur para apoyar las tareas de la ANH. El esquema apunta así a vigilar no solamente cuánto combustible se despacha, sino también qué vehículos lo reciben y si existen comportamientos que puedan configurar acopio ilegal.

El trasfondo de estos operativos es el intento de proteger la cadena de abastecimiento en un escenario donde cada litro de combustible adquiere mayor importancia económica. El ministro anticipó una vigilancia permanente, mientras la Policía señaló que, si se identifica acopio ilegal, los casos podrán ser remitidos al Ministerio Público. Esto convierte al control de los carguíos en una pieza de una estrategia más amplia: evitar que el combustible destinado al consumo interno termine convertido en un negocio paralelo. La efectividad de esta política dependerá no solo de la cantidad de operativos realizados, sino de la capacidad de la ANH, YPFB y la Policía para sostener la trazabilidad y aplicar de manera consistente las sanciones cuando corresponda.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia