En un acto centrado en la modernización del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), el presidente Rodrigo Paz trasladó el debate hacia el modelo económico y productivo del país. Sus referencias al gas, la inversión privada, la minería y la necesidad de “producir” adquieren especial relevancia en una Bolivia que enfrenta una emergencia energética y social, menor disponibilidad de hidrocarburos y una creciente presión sobre el abastecimiento de combustibles.

Abner Flores, ENERGÍABolivia,16 de septiembre de 2026.- Las palabras de Rodrigo Paz marcaron un giro inesperado en un acto dedicado inicialmente a la presentación del “Segip Digital”. Al hablar de la necesidad de modernizar el Estado, el mandatario vinculó esa transformación con uno de los principales desafíos económicos de Bolivia: volver a producir y atraer inversión para recuperar su capacidad energética. En su intervención, sostuvo que el país podría desarrollar nuevos recursos de gas mediante tecnología e inversión conjunta entre el Estado y el sector privado, y puso como referencia el potencial que, según afirmó, existe en el área de Okinawa, donde se desarrolla el pozo Montecristo-9. Esta referencia coincide con el proyecto que YPFB puso en marcha el 15 de septiembre para potenciar ese pozo, con una inversión estimada de $us 12 millones y el objetivo de evaluar producción de gas y condensado con la técnica denominada estimulación hidraúlica.

La importancia de su mensaje está en el momento que atraviesa el sector. Bolivia ya no cuenta con la misma capacidad hidrocarburífera que sostuvo durante años sus exportaciones y la generación de divisas, mientras las refinerías nacionales operan por debajo de su capacidad debido a la menor disponibilidad de crudo. YPFB informó que entre enero y julio de 2026 las dos principales refinerías procesaron en promedio 24.067 barriles por día, frente a una capacidad máxima operativa conjunta de 56.500 barriles. Ante esta situación, el Gobierno autorizó la importación de crudo para ser refinado en Bolivia y su posterior comercialización sin subvención, buscando aprovechar infraestructura existente y reducir la dependencia de la compra de combustibles terminados. En ese escenario, cuando Paz afirma que Bolivia puede convertirse nuevamente en una “potencia real de la energía”, su planteamiento se conecta con una tarea mucho más compleja: recuperar reservas, perforar nuevos pozos, conseguir capital y tecnología y, al mismo tiempo, resolver el problema inmediato del abastecimiento de gasolina y diésel.

La controversia de fondo aparece precisamente en cómo financiar esa recuperación y qué papel tendrán el Estado y los privados. Paz planteó una economía donde el Estado participe, pero donde también puedan intervenir empresas privadas, transportistas, gremiales y otros sectores productivos, y vinculó esta apertura con las futuras reformas en hidrocarburos y minería. El contexto económico refuerza esa discusión: entre enero y mayo de 2026 Bolivia registró un superávit comercial de $us 1.393 millones impulsado por las exportaciones mineras, mientras los hidrocarburos perdieron participación en el comercio exterior. Así, el planteamiento presidencial apunta a modificar la estructura productiva del país: que los minerales, los hidrocarburos y nuevas inversiones vuelvan a generar divisas y empleo, pero bajo reglas que permitan ampliar la producción. El desafío será convertir esa visión en resultados concretos, en un momento en que la crisis energética ya tiene efectos sobre el transporte, la actividad productiva y la economía de los hogares.




Fuente: Abner Flores, ENERGÍABolivia