El analista energético, Francesco Zaratti, considera que el gobierno debe atender seriamente problemas de gestión, continuidad y políticas públicas para disminuir la corrupción de combustibles en Bolivia, el asambleísta Carlos Alarcon, por su parte, alude a factores estructurales principalmente.

Abner Flores/ENERGÍABolivia Digital, 11 de septiembre 2026.-Tras el informe presentado por los ministros de hidrocarburos y  de Economía y Finanzas, Marcelo Blanco y Oscar Mario Justiniano, respectivamente,  sobre la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), evidenciando serios casos de contrabando de carburantes, surgieron algunas especulaciones sobre si la ciudadanía tendrá que tomar las riendas del control en la venta de combustibles.

En este marco, se formularon tres preguntas al analista Francesco Zaratti. Se le consultó si es sostenible que la ciudadanía tenga que involucrarse como “control social”para evitar irregularidades en la comercialización de diésel y gasolina, si era difícil que el Gobierno constatara esta situación al inicio de su gestión y si Bolivia deberá acostumbrarse a convivir con denuncias y escándalos de corrupción en medio de la crisis de hidrocarburos. Zaratti respondió que “corrupción y escándalo siempre ha habido y siempre habrá”, pero sostuvo que el objetivo debe ser reducir las oportunidades para quienes viven de estos delitos.

Desde su perspectiva, existen tres problemas de fondo. El primero es la presencia de personas en determinados cargos que no cuentan con las destrezas profesionales o requisitos necesarios para una adecuada gestión pública, situación que facilita que su desempeño pueda ser afectado por hechos de corrupción. El segundo es la falta de continuidad, porque considera que los cambios frecuentes de ministros o gobiernos pueden generar, en su criterio, la “necesidad” de aprovechar al máximo el tiempo que se permanece en una función y cometer tropelías.

El tercero corresponde a las normas y políticas que abren camino o generan incentivos para estas prácticas. En este caso sostuvo que las normas que abren la ruta hacia la corrupción como la subvención, unidas a la escasez de combustibles, hace que aparezcan cupos y malos manejos, señalando que si no hubieran estas distorsiones del mercado se podría reducir las oportunidades de corrupción. Por ello, remarcó que la respuesta no debería limitarse a “escandalizarse por los escándalos”, sino a reducir las condiciones que permiten que estos hechos ocurran.

Para el diputado nacional, Carlos Alarcón, el contrabando del combustible está directamente vinculado a causas económicas como el mantenimiento de la subvención y precios diferenciados que generan contrabando inverso, causas institucionales como redes de corrupción dentro del propio YPFB que se han mantenido desde los gobiernos anteriores y continúan con el actual junto a un adecuado control en las fronteras.

En relación a aspectos estructurales, mencionó el pésimo diseño constitucional de YPFB “que creó un gigante con pies de barro que rápidamente se convirtió, desde sus inicios, con pies de lodo por la corrupción, el prebendalismo y la mala gestión que restringe o limita la participación de privados en varios eslabones de la cadena, especialmente en la comercialización y distribución de carburantes”, sostuvo cuando Bolivia estrena casi cotidianamente un nuevo escándalo de corrupción.



Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia