Tras el seminario “El Mutún, una oportunidad para el desarrollo económico del país”, realizado este miércoles en la Escuela de Ingeniería (ex INEGAS), José Padilla sostuvo que una inversión cercana a los $us 600 millones no puede terminar convirtiéndose en un perjuicio para la economía boliviana.

Abner Flores/ENERGÍABolivia, 09 de septiembre de 2026.- Concluida su exposición, se consultó a José Padilla sobre la situación del Complejo Siderúrgico del Mutún, paralizada y con falta de operaciones comerciales. El especialista sostuvo que el Estado debe revisar y exigir el cumplimiento del contrato “llave en mano” suscrito con Sinosteel, además de garantizar que la planta pueda operar bajo las condiciones comprometidas. Padilla remarcó que la calidad y el precio del producto serán determinantes para la viabilidad del proyecto y advirtió que una inversión cercana a los $us 600 millones no puede terminar convirtiéndose en un perjuicio para la economía boliviana.

Ante otra de las consultas sobre los reiterados anuncios de potenciación del Mutún que no llegaron a consolidarse, Padilla cuestionó la falta de personal adecuado para administrar y fiscalizar el proyecto. Recordó que la iniciativa con Jindal, que contemplaba una inversión de $us 2.000 millones, también fracasó, y señaló que ahora corresponde al Estado ejercer una fiscalización efectiva sobre Sinosteel para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos. A su criterio, el problema no radica únicamente en la existencia de dificultades técnicas, sino también en la capacidad institucional para hacer cumplir los contratos vinculados a este proyecto estratégico.

Asimismo, las consultas abordaron la problemática ambiental relacionada con la actividad minera, especialmente por la explotación de oro y el uso de mercurio. Padilla alertó sobre los daños que esta sustancia puede provocar en la salud y en los recursos naturales, particularmente en el agua y los peces, y mencionó zonas como el Madidi, Beni y Santa Cruz.

Frente a las denuncias de contaminación, planteó una fiscalización estricta por parte del Gobierno a las empresas y cooperativas mineras, con controles sobre el uso de aditivos para evitar que sustancias perjudiciales continúen afectando el medioambiente y los recursos naturales de Bolivia.




Fuente: Abner Flores/ENERGÍABolivia